Abogados en Mazatlán, Sinaloa, México

La manera más conocida de combatir resoluciones de las autoridades es mediante el juicio de amparo, sin embargo, por disposición de las leyes y normas que actualmente rigen en nuestro territorio nacional y en nuestro Estado, también es posible iniciar un Juicio Administrativo.

De esta manera, en ocasiones se tiene que recurrir al llamado “Juicio de Nulidad”, el cual, es un procedimiento que se lleva a cabo ante un Tribunal Administrativo, éste tribunal, ya sea Estatal o Federal, según sea el caso en el que usted se encuentre, es el encargado de revisar todo tipo de resoluciones emitidas por autoridades administrativas, teniendo por objeto comúnmente, declarar la nulidad de la resolución administrativa que a usted le afecte.

Los ejemplos más comunes de lo que se puede impugnar mediante un Juicio Administrativo, son resoluciones dictadas por organismos pertenecientes a la Administración Pública Estatal, como el Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad, la Delegación de Catastro, la Oficina de Recaudación de Rentas, entre otros.

Así como también actos emitidos por autoridades de la Administración Pública Municipal, como el Presidente Municipal, la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano, la Dirección de Ecología, la Dirección de Ingresos, la Tesorería Municipal, entre otros.    

Y  siendo así, resulta obvio que en materia federal, se puede iniciar un juicio de esta índole, en contra resoluciones emitidas por oficinas pertenecientes a la Administración Pública Federal, siendo las más comunes, las demandas presentadas en contra del Servicio de Administración Tributaria, que deriva de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en donde casi siempre se reclaman irregularidades en los procedimientos para cobrar impuestos. 

Nuestra Firma, no solo se enfoca en atender Juicios Administrativos de nuestros clientes, sino también en asesorarlos desde el inicio de algún trámite que se lleve a cabo ante cualquier autoridad Municipal, Estatal o Federal, para de esta manera evitar que emitan una resolución contraria a sus intereses, que posteriormente los obligue a iniciar una contienda administrativa.